Colombia sufre una “fiebre de oro” y desde hace muchos años la padece por cuenta de la mal llamada: minería ilegal. Extracción ilegal de minerales es el término correcto. Este flagelo aprovechado por diferentes grupos al margen de la ley suma dentro de sus consecuencias: ríos contaminados con mercurio, bosques deforestados, inseguridad, trabajo infantil, financiamiento del narcotráfico, entre otros que la convierten en una patología compleja. Y sí, aunque el gobierno en cabeza de las instituciones del estado ha intentado buscarle una cura, aún no lo ha conseguido.
Es una situación difícil. No solo se trata de quienes quieren usar la extracción ilícita como recurso económico para llevar a cabo acciones al margen de la ley. También se trata de personas (políticos, “ambientalistas”, “ecologistas”, entre otros) con intereses particulares que aprovechan la poca información con la que cuentan los ciudadanos para desprestigiar la minería repitiendo mitos que se alimentan de falsas ideologías que desconocen la realidad y sus matices.
Y, mientras la discusión se centra en desacreditar la actividad minera legal, la extracción ilícita de minerales sigue abriendo puertas. Una de las zonas donde se requiere atención con urgencia es el Amazonas. Aunque es uno de los dos departamentos de Colombia donde aún no hay proyectos mineros legales, la extracción ilegal de oro es el pan de cada día y se intensifica con lo que sucede en la frontera con Perú. Sin titularidad, normas ni licencias ambientales, grupos armados instalan dragas y maquinaria para extraer el oro del lecho de los ríos, y con esta actividad, más el tráfico de drogas y armas, financian sus operaciones.
A esta realidad están expuestos decenas de municipios en el país. Además del Amazonas, Córdoba, Chocó, Antioquia, Cauca, Bolívar, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Guanía, entre otros, no han logrado conciliar la minería de oro con la paz porque el negocio está en manos de actores como el ELN, las bandas criminales (Bacrim) y los paramilitares. Bajo estas condiciones, hoy 88% del oro exportado es producido por minería ilegal, según denunció la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
La fiebre de oro causa un grave problema ambiental
Aunque el país acató el Convenio Minamata para erradicar paulatinamente el uso del mercurio en la extracción de oro, es un desafío controlar la utilización de esta sustancia en operaciones sin Dios ni ley. En este tipo de prácticas, solo 10% del mercurio vertido en un barril o una batea surte su efecto, el 90% restante se convierte un desecho, que si bien puede ser reutilizado, corre el riesgo de liberarse al medio ambiente, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Otra repercusión es la deforestación. La extracción ilícita de minerales es una de las principales causas de la pérdida de masa forestal en los bosques colombianos y se realiza incluso en las áreas naturales protegidas. Al estar al margen de la ley y no contar con una licencia ambiental, no existe ningún compromiso por parte de estos mineros por generar compensaciones o realizar obras en zonas habilitadas para ello.
Un problema de percepción
La preocupación por la vida de las comunidades y los ecosistemas ha hecho que algunos ciudadanos se resistan a aceptar la minería legal. A eso se suma que muchos candidatos han encontrado en esta actividad una bandera política. Más allá de la razonabilidad o no de los argumentos que se esgrimen sobre la minería, en lo que podemos estar de acuerdo es que, como toda actividad humana, se puede realizar de buena o mala manera. De hecho, el paso de las personas por la historia se cuenta a través de los minerales: edad de piedra, edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. Fue la interacción con estos elementos lo que permitió el surgimiento de las civilizaciones humanas, quedando ligada inexorablemente la minería a la presencia humana en la tierra.
Además, estos discursos omiten que la minería legal es una opción para un país que cuenta con una de las regulaciones más estrictas para las empresas mineras, y pasan por alto que en 2018, aportó $2,5 billones al Sistema General de Regalías, el monto necesario para financiar la actividad agropecuaria, según lo consignado en el Presupuesto General de la Nación del 2019. Esto sin contar con los numerosos programas de inversión social que por ley o buena voluntad desarrollan las empresas en sus zonas de influencia.
Minería legal, sí. Haciendo las cosas bien.
A pesar de la realidad, hay una buena noticia: la cura existe. Y el Ministerio de Minas y Energía, La Asociación Colombiana de Minería, la ANDI, las empresas privadas y las entidades que regulan la minería en el país lo saben desde hace mucho tiempo y lo han promovido a través de sus campañas: #MineríaBienHecha, #MineríaQueConstruyePaís, #LoQueNosUne y ahora la #MineríaNaranja. Todas las anteriores tienen algo en común: El Compromiso. El compromiso de realizar una minería legal fortaleciendo las comunidades a través de proyectos mineros que garanticen el cumplimiento de las normativas ambientales, la rigurosidad económica y el desarrollo social, generando un beneficio de doble vía.
Para este año, los proyectos auríferos prometen más producción, y por lo tanto, más recursos para invertir en el país. Antioquia Gold, Red Eagle Mining y Continental Gold duplicarán el volumen de oro producido, pasando de 300.000 a 700.000 onzas. Se espera también que los precios de oro aumenten en 2019, por factores como la caída del dólar y el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, lo cual se traducirá en más ingresos para el gobierno quien tiene la misión de invertirlos eficientemente en proyectos sociales que beneficien a todas las regiones.
A comienzos de este año, las empresas mineras recibieron una noticia positiva que también puede significar una ganancia para las regiones. Ante la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, con lo cual se desestima el recurso de las consultas populares para que los habitantes de los municipios avalen o frenen actividades mineras en sus territorios, las compañías pueden dedicarse a cumplir con la regulación y los términos técnicos para obtener el aval de instituciones como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mientras con la ciudadanía deben estar en un proceso constante de licenciamiento social. Es decir, si las empresas mineras fueran políticos, ahora no les bastaría con ser elegidas, sino con mantener la aprobación de la ciudadanía durante todo su mandato.
Los mineros artesanales/tradicionales también ganan con la entrada de proyectos mineros legales a sus municipios. Un claro ejemplo es lo que sucedió en Buriticá – Antioquia, donde en el 2018, a través de una unión interinstitucional de las corporaciones ambientales, la empresa privada y el gobierno local, departamental y nacional logró que tres unidades mineras subcontratadas recibieran licencias ambientales para operar, demostrando que la coexistencia entre la minería industrial y tradicional. De la misma manera, Minesa, empresa que está en etapa de solicitud de licencia en Santander, ya trabaja en un plan con más de 200 mineros tradicionales de California, Santander, con el objetivo de que participen en el proyecto y ha invertido una suma de $30.000 millones que han impactado de forma positiva la economía de la región, no solo por la generación de empleo y alianzas comerciales, sino porque la inyección de capital para proyectos sociales se enfocó en la educación, consiguiendo que California y Suratá, los municipios del área de influencia, ocuparan los primeros puestos en las Pruebas Saber 2018.
¿Cuál es el reto de la minería legal? Hacer que esta actividad sea creíble, porque todavía subsiste en un gran número de colombianos la idea de que la minería se hace de que cualquier manera, porque sólo se fijan en aquellos que hacen las cosas mal, a pesar de que son una minoría.
Es hora de que los que hacen minería bien hecha en el país —la casi totalidad de las empresas que están en Colombia— generen más oportunidades, espacios y canales para mostrar esta realidad.
Melisa Echeverri, Consultora de Monodual Libera Ideas
Juan David Sánchez, Socio – Director de Monodual y fundador de www.hablemosdemineria.com
Fuente: www.negociosypetroleo.com
